Dada la importancia numérica de la población marroquí residente en España, no es sorprendente que, en cifras absolutas de detenciones, los marroquíes queden a la cabeza en todos los tipos de delito, por un margen bastante elevado respecto a los ciudadanos de otras nacionalidades. Les siguen argelinos, rumanos, colombianos, ecuatorianos y británicos.

Más interesante resulta poner en relación las detenciones practicadas con los efectivos demográficos de cada uno de los grupos extranjeros, para hallar las correspondientes tasas de delincuencia. Esto exige resolver algunos problemas estadísticos.

¿Qué es lo que ocurre en otros países? Los estudios realizados demuestran que no hay una relación constante entre inmigración y delincuencia, es decir que no se puede afirmar que las poblaciones inmigradas tengan siempre una criminalidad ni mayor, ni igual, ni menor que las autóctonas. Todo depende del lugar y del período que se considere. La comisión Wickersman, que estudió minuciosamente el tema en Estados Unidos en los años treinta, llegó a la conclusión de que "en proporción a sus respectivos efectivos numéricos, las personas nacidas en el extranjero cometen delitos menos frecuentemente que los autóctonos". Ese mismo resultado se obtuvo en Alemania, Bélgica y Suiza en los años sesenta; pero los estudios más recientes realizados en Europa occidental muestran una relación inversa: en los últimos años los inmigrantes presentan una tasa de delincuencia mayor que la de los autóctonos. Algunos criminólogos discuten esta constatación, que atribuyen a prácticas policiales y judiciales que discriminan a los extranjeros, pero diversos estudios restan credibilidad a dicha tesis. Puede darse en algunos casos cierto grado de discriminación, pero no como para explicar las elevadas tasas de los extranjeros en las estadísticas criminales de tantos países.

Conviene sin embargo plantearse si la mayor tasa de delincuencia de los extranjeros no puede explicarse por un factor social general, como es el de la mayor proclividad hacia la delincuencia que presentan las personas de más bajo nivel social. Ese hecho, observado ya por uno de los pioneros de la criminología, el belga Adolphe Quételet, se explica actualmente por la teoría de la privación relativa. De acuerdo con ella, una persona puede verse empujada a la delincuencia por la frustración que le genera el contraste entre sus condiciones de vida y sus aspiraciones. La tasa de delincuencia no respondería pues directamente a la privación objetiva, es decir a la pobreza en sí misma, sino que es necesario tener también en cuenta el factor subjetivo de las aspiraciones del individuo. Es fácil entender que el inmigrante, que se ha decidido a dar el gran paso de abandonar su país de origen en espera de incorporarse a una sociedad que supone mucho más rica y que de hecho puede constatar que lo es, sufra una frustración al advertir que su nivel de vida queda muy por debajo del habitual en el país donde se ha instalado. Y esta teoría ayuda también a comprender el hecho, frecuentemente constatado, de que los inmigrantes de segunda generación, es decir los hijos de padres inmigrantes, presenten una tasa de delincuencia más alta que los de primera generación. En efecto, estos últimos tienen presentes las condiciones de su país de origen y por tanto pueden sentir que han prosperado, aunque se encuentren en una situación desfavorecida respecto a los autóctonos del país de acogida. Para sus hijos, en cambio, las condiciones del país de origen ya no son relevantes. Ellos aspiran a más y por tanto, a igualdad de condiciones objetivas, están más expuestos a la frustración.

En resumen: una mayor desigualdad social tiende a generar una mayor tasa de delincuencia y en la medida en que los inmigrantes tiendan a ocupar los puestos más bajos en la escala social, su tendencia a la delincuencia será mayor. Si tratamos de aplicar esta teoría al caso español podemos realizar algunas constataciones interesantes:

Para explicar este tipo de diferencias la teoría más útil parece ser la del control social, cuya versión más conocida fue formulada por el norteamericano Triver Hirschi en 1969. De acuerdo con ella, una persona está tanto menos expuesta a caer en la delincuencia cuanto más integrada se encuentra en su entorno, a través de un conjunto de valores compartidos que se transmiten en el seno de la familia, la escuela, el barrio y todo el tejido asociativo que en su conjunto conforma una comunidad. En la medida en que los inmigrantes se hallan menos identificados con los valores del país de acogida, esta teoría explica que sus tasas de delincuencia tiendan a ser en general más elevadas, pero también ayuda a entender las diferentes tasas que se dan entre diferentes grupos de inmigrantes. A este respecto lo que importa es la solidez de los vínculos sociales dentro de las propias comunidades de inmigrantes. Aquellos en que los lazos familiares sean más sólidos, por ejemplo, presentarán tasas de delincuencia menores, de donde se deduce la importancia de fomentar la reagrupación familiar.

Un corolario muy importante de esta teoría es que el apego a los valores de la cultura de origen constituye un factor de protección frente al riesgo de caer en la delincuencia. Lo cual resulta especialmente esclarecedor en el caso de los inmigrantes de segunda generación, que al hallarse inmersos en un proceso acelerado de aculturación, por el que van perdiendo los valores de sus padres y de su cultura de origen sin llegar a integrarse plenamente en la cultura del país de acogida, tienen un elevado riesgo de carecer de esos vínculos de control social que sirven de freno a la delincuencia.

Estas perspectivas teóricas ayudan también a enmarcar la cuestión de la inmigración irregular. En la medida en que la entrada ilegal conduce a la explotación laboral y dificulta la integración social, podemos considerarla como un factor criminógeno. En cambio los procesos de regularización, al poner fin a esas circunstancias desfavorables, son recomendables desde la perspectiva de la seguridad, aunque tienen sin duda el inconveniente de fomentar la ulterior inmigración irregular.

Conclusiones.

1. La perspectiva de una plena asimilación cultural de los inmigrantes a corto o medio plazo no es realista, aunque puede ser algo más fácil en el caso de poblaciones latinoamericanas. Hay que hacerse a la idea de que nuestra sociedad va a ser multiétnica, como ya ocurre en la mayoría de los países occidentales desarrollados. Y añádase que una aculturación rápida puede constituir un factor criminógeno. Los extranjeros, como los españoles, deben someterse al imperio de la ley, lo que significa que no deben permitirse prácticas atroces, como la ablación genital, o simplemente ilegales y perjudiciales, como la desescolarización femenina. En cambio deben respetarse sus tradiciones culturales diferenciales, incluido probablemente el uso público, e incluso escolar, del velo femenino.

2. Si se quiere evitar la marginación social, se debe acompasar la entrada de inmigrantes a las posibilidades de nuestro mercado de trabajo. Puesto que éstas serán siempre inferiores a la oferta potencial de inmigrantes, se deduce que los cupos son necesarios y esto a su vez implica un esfuerzo constante por evitar la inmigración irregular.

3. La xenofobia no es una consecuencia automática de la llegada de inmigrantes, pero representa un peligro permanente. Ello implica la necesidad de un esfuerzo colectivo para difundir, especialmente entre los más jóvenes, los valores de tolerancia y solidaridad, que por otra parte son las bases generales de la convivencia. Los estereotipos peyorativos aplicados a los inmigrantes deben ser evitados. Así mismo, se debe de tratar de que los que vienen a España, también respeten nuestra cultura y nuestras leyes.

4. Los factores criminógenos que afectan a los inmigrantes son fundamentalmente idénticos a los que afectan al conjunto de la población y las medidas más adecuadas para combatir la delincuencia extranjera son las mismas que sirven contra la criminalidad en general. Tales medidas han de conducir a un objetivo fundamental, el de evitar la sensación de impunidad. Y esto exige penalizar la reincidencia y dar mayor rapidez a la acción de la justicia, como se propone la reforma que en la actualidad se empieza discutir. El hecho de que un mismo ciudadano árabe hay podido ser detenido en Madrid 187 veces constituye el más efectivo reclamo para los inmigrantes que menos deseamos, pero el hecho de que un joven español haya podido ser detenido 58 veces por "alunizaje" constituye el peor ejemplo que se pueda dar a nuestra juventud. El lugar apropiado para los reincidentes múltiples es la cárcel. La expulsión no parece en cambio una medida sustitutoria adecuada y puede resultar muy perjudicial si conduce a que la pena por el delito consista meramente en el esfuerzo adicional para entrar de nuevo ilegalmente en España.

5. Inevitablemente, el porcentaje de delincuentes extranjeros va a crecer en los próximos años. Durante las últimas décadas la evolución demográfica española ha conducido a que disminuya el porcentaje de los menores de 16 años y aumente el de los mayores de 30, manteniéndose casi constante el correspondiente al tramo de 16 a 30, que es el que mayor incidencia tiene en la delincuencia. A partir de ahora será el porcentaje correspondiente a ese tramo el que comience a su vez a disminuir, lo que supone que la tasa de delincuencia autóctona debiera comenzar a reducirse. Los inmigrantes son en cambio predominantemente jóvenes, mayoritariamente varones y tienden a ocupar los empleos menos pagados, por lo que combinan tres factores criminógenos. Sería por tanto injusto, y probablemente contraproducente, atribuirles el incremento de la delincuencia sin tener en cuenta tales factores demográficos y sociales. Pero a su vez la medida en que logremos reducir la tasa de delincuencia de los inmigrantes será un excelente indicador de nuestro éxito en lograr su integración social.

6. Las comunidades inmigrantes presentan dos graves peligros potenciales: su posible infiltración por la delincuencia organizada transnacional y por el terrorismo internacional. Aunque se han publicado muy pocos estudios sobre la penetración en España de la delincuencia organizada transnacional, parece que como mínimo es importante en el caso de los narcotraficantes colombianos, cuya actividad en nuestro suelo se hace notar en la tasa de homicidios. La cooperación internacional es inevitable para hacer frente a esta lacra.

7. En cuanto al terrorismo islamista, que ya provocó 18 muertes en España en un atentado contra un restaurante en 1985, se ha convertido de nuevo en motivo de inquietud tras la detención en 2001 de militantes vinculados al Grupo Salafista argelino y a Al Qaida, que aparentemente utilizaban nuestro territorio como base para la preparación de atentados en otros países. Frente a este peligro se requiere un gran esfuerzo de los servicios de inteligencia e información, en colaboración con sus homólogos de otros países, y es también necesario diseñar una política apropiada para la integración en nuestro marco de convivencia de la creciente comunidad islámica presente en nuestro suelo, que puede reivindicar una tradición que se remonta a hace más de mil años.